SANTO DOMINGO. – El vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), Servio Tulio Castaño Guzmán, llamó a la firma de un pacto entre el Estado y la sociedad civil que conlleve a fortalecer la seguridad y la convivencia de los ciudadanos.
Ambos jurisconsultos hablaron del tema en la clausura del Seminario Internacional Seguridad Ciudadana y Convivencia Postcovid en América Latina, desarrollado en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), donde también expuso el doctor Ricardo Nieves, quien destacó que la posmodernidad con su plataforma tecnológica es utilizada por el crimen organizado para cometer todo tipo de delitos, por lo que favorece una nueva ley que lo combata.
Sostuvo que la sociedad civil no está apostando al fracaso, “nosotros queremos ser compromisarios y eso es a lo que estamos apostando”.
De su lado, Abreu María consideró que en esa tarea también se debe incluir al empresariado, sector que trabaja la temática de la seguridad desde los diferentes factores que inciden en la seguridad ciudadana, como los conflictos, los actos delictivos producto de desigualdades, y la falta de oportunidades.
“Conociendo la inseguridad y el problema de convivencia que tenemos y que se incrementaron debido al covid, es importante dejar claro el mensaje de que no solo deben ser enfrentados desde la parte estatal, la seguridad ciudadana y la convivencia pacífica es un compromiso de la sociedad, de la familia, las escuelas, de las universidades, de las juntas de vecinos, de las organizaciones es instituciones de la sociedad civil”, subrayó.
Propone ley contra el crimen organizado
Al exponer en el mismo escenario, el experto en seguridad nacional, Ricardo Nieves, demandó del Congreso Nacional que legisle a favor de una ley general contra el crimen organizado, no solo contra el narcotráfico, el lavado de activos y otros delitos afines, sino para el gran desafío de las mafias y las sociedades criminales a gran escala.
Agregó que asimismo el país necesita la aprobación del nuevo código penal que, a su juicio, no ha sido aprobado por diferencias con el tema de las tres causales para permitir el aborto, cuando en países desarrollados y destacados por su orden tienen hasta más causales acogidas.



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