La entidad cívica exhortó a los diversos sectores que confluyen en el CES a aportar la voluntad indispensable y comprometerse en las conversaciones, asumiendo un rol activo, tanto desde el sector social, empresarial y laboral, así como desde el oficialismo y los partidos de oposición, contribuyendo con sus propuestas a alcanzar resultados tangibles y arribar a los consensos necesarios para su posterior ponderación por las cámaras legislativas.
De manera particular, Participación Ciudadana llama la atención sobre la necesidad de priorizar el tema electoral, cuya reforma debe culminar este año 2022, tomando en cuenta que el 2023 será ya un año preelectoral y cualquier modificación en tiempos cercanos a las elecciones implica mayores dificultades y riesgos para la Junta Central Electoral, los organismos contenciosos y para los mismos partidos políticos.
Las propuestas de reformas incluyen los temas de: independencia del Ministerio Público y de las Altas Cortes, lo político-electoral, sector eléctrico, reforma fiscal, hidrocarburos, laboral, medio ambiente y cambio climático, agua, calidad educativa, modernización de la administración pública, política exterior y migración, salud, seguridad ciudadana y reforma policial, sistema de seguridad social, transformación digital, transparencia e institucionalidad y transporte.
Participación Ciudadana hace un llamado a los legisladores para que las reformas se guíen por el artículo 147 constitucional, que manda a proscribir la corrupción y ordena castigo para toda persona que sustraiga fondos públicos o que, prevaleciéndose de sus posiciones dentro de los órganos del Estado, obtenga para sí o para terceros provechos económicos, o proporcione ventajas a sus asociados, familiares, amigos o relacionados.
Siguiendo esta línea, el movimiento Cívico considera que el Congreso Nacional debe aprobar el Proyecto de Ley de Extinción de Dominio, que también es un mandato constitucional, consignado en el artículo 51.6.
La institución precisa que es urgente, además, que se establezca la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción, aprovechando que el artículo 147.5 constitucional establece que la ley podrá disponer plazos de prescripción de mayor duración que los ordinarios para los casos de crímenes de corrupción.
“Las reformas que ahora se encuentran en discusión son un reto para la sociedad dominicana y no deben ser aplazadas bajo ningún pretexto. El pueblo dominicano cuenta con las fortalezas para avanzar ante las situaciones difíciles. Es precisamente para los malos tiempos que necesitamos instituciones fuertes”, señalaron en nota de prensa.
El Movimiento Cívico reclama al sector político, oficialista y de oposición, cumplir con las promesas de campaña y los compromisos de avanzar hacia una República Dominicana más democrática y progresista, donde se incentive el trabajo honesto, la justicia y la paz y se castigue ejemplarmente la corrupción y el crimen.
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