Bogotá.- El COVID-19 no ha evitado que un virus persistente siga recorriendo Latinoamérica: la corrupción. Repartos irregulares de ayudas, compras sobrevaloradas, falta de transparencia en adjudicaciones, estos son algunos casos vinculados a la emergencia sanitaria que muestran la buena salud de unas prácticas ilegales que todavía no han encontrado una vacuna efectiva.
República Dominicana, Brasil, Bolivia, Colombia, Ecuador, Guatemala, México y Perú entre otros países, han sufrido en los últimos cuatro meses unos escándalos relacionados con corruptelas y el coronavirus, que han alarmado a Gobiernos, autoridades internacionales y ciudadanos encerrados en cuarentena.
Tanto es así que esta misma semana, Naciones Unidas ha creado un Observatorio Regional de Precios de Medicamentos en América Latina para evitar irregularidades en la compra de medicamentos e insumos médicos durante la pandemia.
“La corrupción no solo viene por los Estados blandos, por la falta de oportunidades, o de que las leyes no están bien hechas y permitan espacio para la corrupción. Todo esto se puede y se debe mejorar. El tema cultural es más complicado”, destaca Marta Lagos, la directora del Latinobarómetro, en declaraciones a Efe, para explicar estas malas prácticas en una región que se presenta casi ya como el epicentro de la pandemia.
En República Dominicana
En República Dominicana, relacionados con las compras urgentes para encarar a la pandemia de COVID-19 se han producido varios hechos, los cuales son citados en el reporte del Consejo de Abogados para los Derechos Civiles y Económicos (Lawyers Council for Civil and Economic Rights) del Vance Center for International Justice, publicados el mes pasado.
Uno de los casos penados por fue la oferta organizada por el INAIPI, una institución nacional dedicada a la salud y el bienestar de lactantes y niños.
“La licitación irregular de alimentos fue revelada en la televisión nacional por uno de los postores” lo que llevó al presidente, mediante el Decreto Presidencial 146-20, a remover de sus cargos “a los empleados del INAIPI del comité de licitación y su director renunció”, indica dicho informe.
De igual forma, se produjeron otras licitaciones con cierto nivel de irregurlaridades, las cuales fueron echadas hacia atrás a raíz de que fueran denunciadas en medios de comunicación.
Tales fueron los casos de una realizada por el Ministerio de Defensa y otra por el Centro de Operaciones de Emergencias (COE).
MINISTROS Y GOBERNADORES CONTAMINADOS
El mayor caso de corrupción de Bolivia en estos siete meses en el poder de la presidenta interina Jeanine Áñez tiene todos los síntomas del coronavirus. El ministro transitorio de Salud Marcelo Navajas se encuentra en prisión preventiva por una supuesta trama para la compra en España con un sobreprecio de unos dos millones de dólares de respiradores para pacientes críticos de COVID-19.
El caso está bajo investigación judicial y son varios funcionarios detenidos como el cónsul de Bolivia en Barcelona (España), Alberto Pareja, que, desde este mismo viernes, se encuentra bajo detención domiciliaria por decisión de la Justicia boliviana.
La compra de los respiradores se produjo después de que fueran autorizadas adquisiciones de urgencia sin trámites habituales para reforzar el sistema sanitario con el fin de combatir el coronavirus SARS-CoV-2.
Esta celeridad a la hora de protegerse contra el virus tuvo y tiene contraindicaciones. Como advirtió el director de la organización Transparencia Internacional en Brasil, Bruno Brandao, en la actual crisis los Gobiernos “están abriendo extraordinariamente el gasto público y ahí están los riesgos de que grupos con acceso privilegiado” obtengan beneficios “en perjuicio del pueblo en general”.
Brasil, el segundo país del mundo con más contagios (más de un millón) y muertes (48.945) por COVID-19, tampoco escapa de la pandemia de la corrupción. Las irregularidades en la gestión de los fondos públicos para combatir el coronavirus se han agravado, lo que ha llevado al arresto de decenas de personas en todo el país.
La corrupción durante la pandemia ha puesto en el punto de mira de la Justicia a algunos de los gobernadores del país, como el del amazónico Pará, Hélder Barbalho, y el de Río de Janeiro. Wilson Witzel, cuya residencia oficial fue allanada por la Policía en mayo.
BOLSAS PARA CADÁVERES A PRECIO DE ORO
Otro país. Ecuador, muy castigado por la COVID-19 ha visto cómo las bolsas plásticas para cadáveres multiplicaban su precio de 12 a 144 dólares durante la crisis sanitaria de Guayaquil. Y eso es solo una muestra: la Fiscalía ecuatoriana investiga 63 casos de corrupción y ha ejecutado allanamientos en 27 ciudades durante las investigaciones, en su mayor caso, por presunto delito de sobreprecio.
Los casos, todos ellos bajo investigación y procedimiento fiscal, han salpicado al Instituto de la Seguridad Social y a políticos como el prefecto de la provincia de Guayas, Carlos Luis Morales, y como al expresidente Abdalá Bucaram, que se encuentra en arresto domiciliario, al hallar en su vivienda un arma.
Para la directora del Latinobarómetro, es necesario “reformar el Estado para cerrar los espacios, abrirse a la transparencia, para crear un conocimiento que impida que sea imposible que el cuñado (del licitador) se adjudique una licitación, es un problema de procedimiento”.
En este sentido, en Colombia, después de varios casos de desvío de fondos, se ha organizado un inédito frente común entre Contraloría, Fiscalía y Procuraduría para proteger los recursos destinados a atender los efectos de la pandemia.
Estos organismos de control han abierto esta misma semana procesos de responsabilidad fiscal contra los gobernadores de los departamentos del Tolima y Guainía y al alcalde de Cartagena de Indias por millonarios sobrecostos en contratos firmados para atender a la población vulnerable.
En el lado amable, también hay que apuntar que la Sociedad de Activos Especiales (SAE) de Colombia ha permitido que bienes decomisados al narcotráfico se utilicen provisionalmente para la lucha contra el coronavirus. Gracias a una figura jurídica llamada “extinción de dominio”, que aplica a bienes presuntamente adquiridos de forma ilegal.
COIMAS, PEAJES Y SOBORNOS
Sin distinción por color político, el virus atraviesa las venas de los Gobiernos y las Administraciones. En Perú, que es el sexto país en el mundo con mayor número de enfermos (247.925 contagios), los casos de corrupción han sido moneda corriente desde que estalló la crisis a principios de marzo. En el inicio de junio, la Fiscalía anticorrupción tenía identificados 653 presuntos actos ilícitos por parte de las autoridades públicas cometidos durante la pandemia.
El caso más significativo ha sido el escándalo de compra de materiales en el seno de la Policía Nacional, que le costó el cargo al ministro del Interior y a todo el alto mando del cuerpo de seguridad.
Según la investigación, varios oficiales del cuerpo habían adquirido materiales de protección defectuosos para los agentes que operaban en las calles controlando la aplicación del confinamiento. Las compras fueron irregulares, a empresas opacas y con vínculos personales con los oficiales encargados de adquirir los productos.
Este doble perfil de vendedor y comprador interesado, con políticos e intermediarios buscando fondos extras de la COVID-19 se ha dado en todo el continente. Así parece suceder en Guatemala, por ejemplo, donde el viceministro de Salud Rodolfo Galdámez, destituido el 20 de abril, está siendo investigado al haber sido funcionario y proveedor del Estado al mismo tiempo.
En menor escala, el aprovechamiento ante la tragedia de COVID-19 también ha inundado las calles latinoamericanas. En las primeras semanas de la pandemia, la escasez de mascarillas y guantes provocó que los precios de estos productos se triplicaran y vendedores de todo tipo incrementaron sus ingresos con sobrecostes, como denunciaron sectores de la sociedad civil.
En este sentido, Marta Lagos lo tiene muy claro: “Lo más difícil son las prácticas culturales. La corrupción está instalada en todos las partes. Hay clientelismo. Y la coima – soborno – es lo más difícil de erradicar. Hay que convencer que es un delito, una cosa dolosa”.
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