Los implicados fueron acusados por el ministerio público son acusados de cometer delitos de alta tecnología, lavados de activos, falsificación y uso de documentos falsos y estafa contra el estado a través de las contrataciones públicas realizadas por el Intrant con las que fueron favorecidas empresas como Transcore Latam.
Conforme a los fiscales de la la Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), en la guantera del vehículo marca Toyota Land Cruiser, color negro, se encontró un documento con la descripción de los jueces del Cuarto Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, Keila Pérez Santana, Elías Santini Perrera y Arisleyda Méndez Batista.
Señalan los fiscales que también se encontró un cuadro de distintos nombres de jueces, abogados ayudantes, alguacil de estrado, oficinista, alguacil, también del Cuarto Tribunal Colegiado, comenzando con la jueza Pérez Santana y terminando con Estefany Orty Montero, siendo esto una prueba de las actividades de inteligencia y seguimiento realizadas por Jochi Gómez a jueces y funcionarios del sistema judicial.
Detalló que luego de producirse el arresto del imputado Jochi Gómez, miembros del Ministerio Público, en compañía de agentes de la Policía Nacional, procedieron a ubicar el vehículo donde este se presentó a la Procuraduría, siendo encontrado en las cercanías de la sede de esta institución, específicamente en la calle Rafael Damirón, frente al Pabellón de Las Naciones, sector Centro de Los Héroes, Distrito Nacional.
Indica que al llegar a este lugar, se verificó que se encontraban 2 vehículos estacionados, siendo estos el vehículo marca Toyota Land Cruiser, color negro, con la placa G364756 y el vehículo marca Toyota Land modelo Cruiser VX.R, color negro, sin placa, en los cuales se encontró en el asiento del conductor de cada vehículo.
Agrega que los señores Pablo José Luna Sosa y Henry Felipe Casso, los cuales al ser cuestionados sobre las razones de su presencia allí, contestaron el primero seguridad y el segundo chofer, respectivamente de Gómez.
Señala que ante esto, en presencia del señor Pablo José Luna Sosa, se procedió a realizar el registro del vehículo marca Toyota Land modelo Cruiser VX.R, color negro, sin placa, siendo verificado que el número de chasis es el JTMHV02J504191708, en el mismo fue ocupada la pistola Glock 19, calibre 9 mms, serial ACRS425 en el piso del asiento del conductor y la pistola Glock 17, calibre 9 mms, serial ESM063, en la parte trasera específicamente en el asiento del pasajero del lado derecho, en un bulto color negro marca CMAS Pouch UZl 9mm, las cuales fueron retenidas a los fines de investigación, conjuntamente con este automóvil, al mismo no tener placa para su correcta identificación.
Luego de esto, sostienen los fiscales en presencia del señor Henry Felipe Casso, fue realizado el registro del vehículo marca Toyota Land Cruiser, color negro, con la placa G364756, del cual se constató que su número de chasis es el JTMABBBJ8R4118870, mientras que en la depuración de la referida placa, se verificó que la misma no correspondía a dicho vehículo, sino a la jeepeta marca Toyota Land modelo Cruiser VX.R, color negro JTMHV02J504191708.
En el expediente figuran, además de Jochi Gómez, propietario de las empresas Transcore Latam y Aurix; Hugo Beras, exdirector del Instituto Nacional de Tránsito Terrestre (Intrant); Frank Díaz Warden, coordinador de Despacho y representante de Beras ante el Comité de Compras del Intrant; Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda, director de Tecnología del Intrant; Pedro Vinicio Padovani Báez, exencargado del Centro de Control de Tráfico del Intrant; Juan Francisco Álvarez Carbuccia y Carlos José Peguero Vargas, recluidos en la cárcel preventiva del Palacio de Justicia de Nueva.
De acuerdo al Ministerio Público, los imputados pertenecen a una red de corrupción y crimen organizado dedicada al desfalco, estafa contra el Estado, falsificación, coalición de funcionarios, contrabando, comercio ilícito, sabotaje, terrorismo contra infraestructura crítica, por medio de alta tecnología y robo de identidad.
Así lo informó el mandatario en La Semanal, celebrada este lunes en Nueva York, mientras sostuvo que al regresar a República Dominicana se reunirá con el Gabinete de Ética y Transparencia para abordar este tema.
“Le vamos a dar un plazo de quince días para que los que no lo han hecho la presenten (declaración de patrimonio) y si no, van a ser suspendidos; y si quince días después no lo hacen, van a ser cancelados”, dijo el mandatario.
Asimismo, mencionó que a pesar de haber recibido un reporte que indica que “casi todos los funcionarios de más alto nivel, ministros y directores han entregado su reporte”, hay algunas excepciones.
“Tan claro como eso. Un enorme porcentaje lo ha hecho, pero tienen que ser todos, no puede haber una sola persona que no lo haga”, apuntó el jefe del Estado.
